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diciembre 10, 2012

Organizaciones de la Sociedad Civil presentan al Consejo Permanente de la OEA Recomendaciones para Fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos humanos

El evento, que tuvo lugar en la sede principal de la OEA en Washington DC, forma parte de la segunda fase del proceso que debe culminar a más tardar

en marzo de 2013 con el debate, y eventual aprobación en una Asamblea General extraordinaria, de las propuestas para el refuerzo del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos, según el cronograma establecido por la Asamblea General de Cochabamba, en junio de este año.

El Presidente del Consejo Permanente y Representante de México, Embajador Joel Hernández, abrió el encuentro agradeciendo “el interés de las

organizaciones de la sociedad de civil de participar en este proceso” y abogó por tener un diálogo “fructífero en el que las propuestas y

recomendaciones presentadas por la sociedad civil puedan ser puestas en práctica y aporten a la totalidad del informe”. El formato elegido para el

desarrollo del evento permitió analizar capítulo por capítulo el informe en el que las organizaciones no gubernamentales presentaron ideas

específicas, lo que fue seguido de intervenciones de los Estados Miembros.

En el Capítulo 1 “Desafíos y objetivos de mediano y largo plazo de la CIDH” las organizaciones participantes coincidieron en la importancia de

preservar la independencia, autonomía y atribuciones de los órganos del SIDH, celebraron que las reformas a dicho sistema sean consultadas con

todos los actores involucrados y abogaron por realizar reformas que no representen un retroceso a la protección de los derechos humanos en el

hemisferio.

Entre los retos mencionados incluyeron la necesidad de aumentar los recursos financieros con los que cuenta el Sistema en su conjunto; alcanzar la

universalidad de la Convención Interamericana en esta materia; asegurar el pleno cumplimiento e implementación de las recomendaciones y

decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión; instrumentar la elaboración de informes de la situación de derechos humanos por país;

lograr una mayor coordinación del Sistema Interamericano con las autoridades y poderes estatales y proteger el carácter subsidiario del mismo.

Igualmente sugirieron una mayor divulgación de las decisiones de la Corte y la Comisión que aporten a generar una mayor confianza en los

procesos y trámites dentro del Sistema y a abordar medidas para apoyar los derechos económicos y sociales del sector privado, especialmente

la pequeña y mediana empresa.

Las instituciones que participaron en este panel fueron: Amnesty International, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación

para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), la Asociación Probúsqueda de niños y niñas desaparecidas en El Salvador,

Canal Capital, the Center for Justice and International Law (CEJIL), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos

Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales

(CELS), el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES),

Due Process of Law Foundation (DPLF), el Instituto de Estudos da Religião (ISER), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y

la Unidad Industrial Iztapalapa A.C.

Luego de las presentaciones tomaron la palabra los representantes de Ecuador, Panamá, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y

Nicaragua.

En el capítulo sobre el uso de las “medidas cautelares” por la CIDH, intervinieron los representantes de 12 organizaciones de la sociedad civil.

Varios de ellos testificaron que tales medidas han servido con un escudo para muchas personas en las Américas, en algunos casos hasta salvando

vidas. Entre los participantes, hubo consenso en cuanto al gran valor de este mecanismo. Entre las propuestas sobre las recomendaciones del Informe

del Grupo de Trabajo, se habló de limitar exigencias mayores a la hora de adoptar las medidas, buscar el balance entre la seguridad jurídica para

los Estados y la efectiva protección de los derechos de las personas, no imponer requisitos “demasiado rígidas”, que podrían impedir la actuación

de la CIDH en situaciones urgentes, explorar medidas de alcance colectivo, y proteger la independencia de la CIDH, entre otras.

Durante este debate, intervinieron representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Interamericana para la Defensa

del Ambiente (AIDA), la Asociación Mulabi – Grupo de Trabajo Latinoamericano por los Derechos Sexuales, Canal Capital, el Centro de Derechos

Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro Feminista de Información y Acción

(CEFEMINA), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), the Due Process of Law Foundation (DPLF), the Guatemala

Human Rights Commission/USA, the International Law Human Rights Clinic, and Peace Brigades International.

En el capítulo 3, referido al diálogo entre la sociedad civil, los usuarios del SIDH y los Estados Miembros trataron el tema de “Asuntos de

procedimiento en la tramitación de los casos y peticiones individuales”. En calidad de expositores participaron el ciudadano hondureño Adán López,

en calidad de usuario del SIDH; la American Civil Liberties Union; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APHD) de Argentina;

el Center for Justice and Internacional Law (CEJIL) con sede en Estados Unidos; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

AC.; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); el Grupo de Tortura Nunca Mais/RJ de Brasil; y la Guatemala Human Rights

Commission de Estados Unidos.

Solicitaron que cualquier reforma al Sistema se busque como objetivo que los procedimientos “sean menos engorrosos”; expresaron su temor que

el proceso de reforma atente contra la independencia de la CIDH y la CorteIDH; manifestaron que se tienen que respetar los principios de

pro-persona, interpretación dinámica, acceso gratuito a la justicia, simplicidad, economía procesal; también se pidió que se salvaguarden la igualdad

de las partes en el litigio.

El capítulo 4 de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente se refirió a las “soluciones amistosas” entre los Estados y los demandantes.

Participaron representantes de APDH; CEJIL; la Red Latinoamericana y del caribe para la Democracia; y el Refugio para la Niñez.

Entre las recomendaciones para las soluciones amistosas los peticionarios solicitaron que los acuerdos firmados por las partes sean aprobados por

la CIDH en un plazo breve; también se planteó que la solución amistosa esté disponible en todo el procedimiento del caso, incluso después que la

CIDH emita sus recomendaciones; otra de las propuestas indicó que el Grupo de Trabajo sobre soluciones amistosas debería ser permanente y no

temporal; y en referencia al reestablecimiento de los plazos, se propuso que los informes se emitan únicamente cuando las soluciones amistosas se

hayan cumplido en su totalidad.

Al final de este capítulo los delegados de las representaciones de México y Argentina hicieron uso de la palabra.

El diálogo con la sociedad civil también consideró el Capítulo 5 del informe que hace referencia a los “Criterios para la construcción del capítulo

IV del informe anual de la CIDH – Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región”. En este punto, las organizaciones no gubernamentales

sugirieron fortalecer esta sección como un medio para ampliar el monitoreo especifico de los países en las deficiencias de la protección de los

derechos humanos y usarlo como un sistema especial de vigilancia para contribuir a la adopción de medidas que permitan mejorar la situación

de los derechos humanos en al región. Además propusieron que el informe anual refuerce los canales de diálogo con los Estados ofreciéndoles

asesoramiento y asistencia sobre situaciones específicas; abrir un espacio especial de solicitud de información previa a los Estados que están siendo

considerados para ser incluidos en dicho capitulo y continuar con la independencia en la elaboración del informe para garantizar su certeza,

imparcialidad y transparencia.

Las organizaciones que presentaron recomendaciones en este sentido fueron: el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CCAJAR),

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Unidad Industrial Iztapalapa A.C. Otras organizaciones presentaros

recomendaciones por medio de documentos escritos que fueron circulados entre las delegaciones.

Los representantes de México y Argentina tomaron la palabra para pronunciarse con relación al Capitulo 5.

La promoción de los derechos humanos fue el eje central del capítulo 6 de la sesión del Consejo. En esta instancia participaron representantes de la

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); la Asociación Mulabi; la Association of Caribbean Media Workers; CEJIL; la Organización Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos (ONALDEP); el Refugio de la Niñez; y la Organización judía B’nai Brith.

Uno de los participantes pidió no se sustituya a la protección de los derechos humanos por la promoción de los derechos humanos, y solicitó los

Estados Miembros de la OEA aumenten sus aportes para la promoción de los derechos humanos, y pongan en práctica actividades en este

sentido en áreas relacionadas con universidades, y organizaciones de la sociedad civil; en tanto otro de los expositores indicó que contraponer

promoción con protección es un error porque ambas acciones se fortalecen mutuamente e indicó que la promoción de los derechos humanos pasa por

que todos los países de la OEA firmen todos los tratados internacionales y den cumplimiento efectivo a todos los tratados firmados, así como que se

cumpla con la asistencia a las víctimas.

Al final de este capítulo hablaron los delegados de Argentina, Venezuela, El Salvador y Perú.

El ultimo tema abordado durante la sesión fue el “fortalecimiento financiero del SIDH”, un tema al cual se refirió el Secretario General de la OEA,

José Miguel Insulza, el pasado miércoles, cuando propuso ante el Consejo crear un fondo de capital con cien millones de dólares para financiar el

funcionamiento de la CIDH y la Corte Interamericana. En este capítulo de la sesión, participaron la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),

a través de un video, CEJIL, y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

Todos quienes hicieron uso de la palabra en este tema concurrieron en la necesidad de proveer de más fondos para asegurar el funcionamiento eficaz

del SIDH, y las propuestas en cuanto a como lograr hacerlo incluían subir las contribuciones de los Estados, la creación de un fondo propio del

Sistema, actividades de búsqueda de fondos, estrategias conjuntas con universidades y organizaciones de la sociedad civil, y donaciones en línea,

entre otros. Participaron también los representantes de Canadá, Argentina, y Brasil.

Al finalizar la jornada, que duró todo el día, el Presidente del Consejo, embajador Joel Hernández, concluyó la sesión extraordinaria expresando su

convicción de que “cada uno de estos pasos que estamos dando es un paso hacia la construcción de la confianza. A partir de un ambiente de

desconfianza en el cual este proceso arrancó, poco a poco hemos ido consolidando la confianza que nos hacía falta”. Dijo haber visto la sesión como

“un diálogo que esta presidencia no entiende solamente como una oportunidad para que las partes se expresen, sino más bien como una

oportunidad para que las partes se escuchen”.

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