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| Presentan resultados del "Índice de evaluación de cumplimiento gubernamental (IECG)" |
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La red de organizaciones americanas “Democracia activa” publicó recientemente los resultados del “Índice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG)”, a nivel regional. La evaluación hace referencia a los compromisos asumidos en las Cumbres de Quebec y Mar del Plata y sus resultados serán presentados en la Cumbre de Trinidad y Tobago a realizarse en abril de este año. |
El Índice de Evaluación del Cumplimiento Gubernamental (IECG) es una herramienta especialmente diseñada para monitorear desde la sociedad civil el proceso de las Cumbres de las Américas. Este índice resume la opinión de una amplia red de expertos y expertas así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil (más de 600 personas en total). A cada uno de ellos se le solicitó juzgar en qué medida el gobierno avanzó o retrocedió en el cumplimiento de cuatro mandatos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Los mandatos evaluados se refieren a compromisos en: acceso a información pública, descentralización, libertad de expresión y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. El período de evaluación comprendió los años 2006 a 2008 y presenta los resultados para 21 países de las Américas.
En Paraguay, SEMILLAS para la Democracia es la organización delegada que llevó adelante el monitoreo. A continuación, detalles y análisis de los resultados arrojados.
Considerando de modo agregado todas las opiniones recogidas en la región, el IECG total alcanza el valor de 0,01 (en un rango teórico de variación que va desde + 3 hasta -3). Debe tenerse en cuenta que en el IECG, números positivos (+) indican una percepción de avance en el cumplimiento de los compromisos. Los números negativos indican una percepción de retroceso. En consecuencia, este valor cercano a cero expresa que en opinión de este conjunto de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, es poco o casi nada lo que los gobiernos de la región han hecho en este período para dar cumplimiento a los mandatos firmados en las cumbres. |
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La mejor clasificación general la tiene el gobierno de Uruguay (+0,86) quedando Venezuela en el último lugar (-0,85). Tomando el valor total del IECG, sólo en nueve países se observa algún grado de avance, mientras que en 12 se percibe que existen retrocesos.
Al desglosar este puntaje general según las dimensiones que componen el IECG vemos que en la mayoría de los países (13 de 21) los avances en unas dimensiones se mezclan con los retrocesos en otras. Así mismo se aprecia que, dentro del panorama de escaso avance general ya anotado, destaca la dimensión “Acceso a información publica” la cual es la que más se repite como la mejor evaluada entre los diferentes países. Por el contrario, la dimensión “libertad de expresión” es la que más veces aparece como la peor evaluada entre los distintos países del estudio. Jamaica es el país que presenta la mayor heterogeneidad interna en sus evaluaciones.
Con estos resultados, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y caribeña están expresando una importante crítica respecto de lo que están haciendo sus gobiernos para cumplir los compromisos contraídos. |
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| Países que destacan en cada una de las cuatro dimensiones que componen el IECG. |
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| * Se refiere a que muestran puntajes del IECG ostensiblemente más altos o más bajos que el resto. |
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| La percepción de avance en el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los derechos de las mujeres es aún menor que en el Índice general. |
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El presente trabajo mide el grado de cumplimiento de los mandatos de género de las Cumbres en relación a algunos subtemas específicos dentro de cuatro grandes temas generales: acceso a la información pública, libertad de expresión, descentralización y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. Al interior de cada una de las cuatro áreas temáticas que abarca el IECG, se consideran explícitamente algunos indicadores y subdimensiones referidas a los mandatos de las Cumbres de las Américas sobre equidad de género y derechos de las mujeres.
De este modo, los derechos humanos de las mujeres son analizados en la interacción en cada país entre las políticas públicas e instituciones específicas “de mujeres” y las políticas públicas e instituciones referidas a los cuatro temas mencionados, a partir de la constatación o no de algunos elementos objetivos (existencia de leyes, programas, entre otros) y de la opinión respecto del avance o retroceso que ello implica respecto de los mandatos de las Cumbres. En este contexto, una primera llamada de atención es que la erradicación de la violencia de género y la materialización de los derechos humanos de las mujeres siguen sin constituir parte del núcleo central de todas las políticas públicas, incluyendo las 4 relevadas en este estudio.
A pesar de ciertos avances, destaca especialmente el hecho que la maternidad sigue siendo obligatoria para la mayoría de las mujeres de las Américas, debido fundamentalmente a los escasos impactos de las políticas de salud sexual y reproductiva respetuosas de la autonomía de las mujeres y sus derechos humanos y al esfuerzo aún magro de los Estados para erradicar la violencia contra las mujeres y de género. Si bien estos esfuerzos existen, en especial por parte de los estados nacionales en materia de acceso a anticoncepción, información y atención médica, es preocupante el poco avance e incluso el retroceso en la región, constatándose no sólo la prevalencia de la prohibición legal del aborto, sino incluso el incumplimiento de la legislación vigente en esta materia (abortos no punibles, acceso a anticoncepción de emergencia y en general a mecanismos de prevención del embarazo no deseado), por parte de las corporaciones médica, política y jurídico judicial. Adicionalmente, han aumentado en la región exponencialmente las cifras de mujeres y niñas viviendo con VIH, la tasa de criminalización de mujeres, las muertes por abortos clandestinos y los femicidios.
Otro eje importante de la política pública en la región, en particular a la luz de los mandatos de las Cumbres, lo constituyen las políticas contra la pobreza, tanto las de trabajo y desarrollo como las de programas sociales focalizados. Aquí también la relación del género con la gobernabilidad se pone en juego desde la maternidad obligatoria, donde todos los programas sociales y políticas públicas destinadas a materializar los derechos económicos, sociales y culturales (objetivo primordial de las políticas de desarrollo y erradicación de la pobreza), priorizan la satisfacción de estos derechos (vivienda, educación, salud, trabajo, entre otros), de las mujeres en tanto madres, de los varones en tanto padres de familia, de las niñas/os en tanto hijas/os, y, en general, a través de la familia como tecnología distributiva. Esto, como ya lo estableciera Amartya Sen, tiene como resultado el empobrecimiento de las mujeres aún a pesar de contextos macroeconómicos favorables, y la exclusión de las políticas de todas las mujeres y en general todas las personas que no se hallen nucleadas alrededor de unidades familiares heterosexuales, con hijas/os y con reconocimiento legal.
Así, por ejemplo, dentro del tema de fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, se evalúa cuanto se ha avanzado en la remoción de barreras legales e incorporación de medidas positivas que promuevan la participación de mujeres y organizaciones de derechos de las mujeres. Especialmente se consideran los avances en materia de acceso a la anticoncepción, la libertad de expresión de las mujeres, y el presupuesto destinado a organizaciones que promuevan la equidad de género y los derechos de las mujeres.
Si analizamos de modo especial esas evaluaciones, se constata en primer lugar que la percepción de avance en el cumplimiento de los acuerdos específicamente relacionados con derechos de las mujeres y equidad de género es aún menor que la percepción relativa al total de mandatos ( -0,06 versus 0,01 respectivamente). Adicionalmente se observan algunos cambios en las posiciones relativas de los países. |
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