Fortalecimiento de la Demanda de AIP
El proyecto “Fortalecimiento de la demanda de Acceso a la Información Pública” (AIP) busca fortalecer el acceso a la información pública de por lo menos 12 OSCs de Paraguay por medio de la capacitación, y asistencia técnica para que sean capaces de formular al menos 9 solicitudes concretas de información pública de acuerdo a la demanda social en sus zonas de influencia. Para el efecto, la iniciativa busca conformar tres Grupos Impulsores entre las OSCs participantes, fomentando las posibilidades de cooperación y articulación entre ellas.
Con un enfoque de demanda, acompañaran a la iniciativa, campañas de sensibilización e incidencia sobre los temas prioritarios de las organizaciones de la sociedad civil, buscando generar sensibilización en la población en general sobre los beneficios del ejercicio del derecho a la información pública.
La promulgación en Paraguay de la ley 5282/14 que entró a regir el 18 de setiembre de 2015 que facilita el acceso ciudadano a la información pública marcó un hito en el movimiento mundial en favor de la transparencia, al convertirnos en el país número 100 en contar con ese tipo de ley.
La ley y su decreto reglamentario constituyen un gran paso para la democracia en nuestro país, y varios ciudadanos ya han hecho uso del derecho de acceso a la información pública en pos de incipientes avances especialmente en la lucha contra la corrupción. Como ejemplo de ello, el caso de Froilán Peralta y los presuntos hechos de corrupción en la Universidad Nacional de Asunción, donde era Rector. El movimiento de estudiantes de la Universidad fue motivado por los datos publicados sobre funcionarios, muchos de los cuales eran pagados por tareas que nunca cumplían.
Desde el punto de vista jurídico Paraguay cuenta con la legislación necesaria para el acceso a la información pública. El cambio de paradigma en lo que respecta a la política de transparencia dentro del Estado se va instalando lentamente, pero en la medida que se mantiene la presión ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública le va dando contenido a la democracia.
Sin embargo, Paraguay aún es un país de baja institucionalidad y si la ciudadanía no ejerce el control ciudadano, el nivel de aplicación y cumplimiento de la Ley 5282/14 podría estancarse y hasta retroceder. Un ejemplo de ello, es que hasta el día de hoy no se ha comprendido el potencial que el acceso a la información pública tiene como derecho humano y herramienta para mejorar la calidad de vida, y sólo se lo concibe como un medio eficaz en la lucha contra la corrupción y más bien para periodistas y denuncias de hechos de corrupción.
Uno de los grandes desafíos que enfrentamos, es llegar al ciudadano. Un ciudadano consiente y empoderado con su derecho a saber, a participar y a exigir mejores servicios públicos y mayor bienestar a sus autoridades.
Por ello, se hace necesario trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en sus necesidades específicas para aumentar la demanda en la misma medida que aumente la oferta pública con las obligaciones de transparencia que la ley impone a las fuentes públicas.
Existe una instancia técnica y de coordinación de Oficinas de Acceso a la información Pública dentro del Ministerio de Justicia que es la Dirección de Acceso a la información pública y un Portal Unificado de Acceso a la información pública a través de cual pueden realizarse solicitudes de acceso on-line, así como un Portal de Transparencia activa del Gobierno. Pero tanto dicho Órgano encargado como los Portales mencionados, aún son desconocidos por la ciudadanía.
Además, a través de una investigación realizada por Semillas para la democracia en los últimos 3 años sobre debilidades del sistema electoral y un trabajo con los partidos políticos, se han encontrados hallazgos que afectan directamente a la calidad de la democracia, porque generan una mala imagen de los partidos políticos y una desconfianza de la sociedad hacia ellos. Entre los puntos más importantes podemos mencionar: la sub-representación política de la mujer y la limitada transparencia en el financiamiento político.
Por ello, al generar las demandas se buscará que las solicitudes de información abarquen, además de los temas tradicionales que preocupen a las OSCs, la perspectiva de género y temas relacionados al financiamiento político, para generar mayor impacto mediático, a razón del ambiente electoral que se vivirá en los próximos 2 años antes de las elecciones generales del 2018.
A través de casos exitosos de acceso a la información pública se buscará afianzar y posicionar al derecho como derecho humano fundamental para la democracia.
El proyecto se llevara a cabo desde octubre de 2016 a setiembre de 2017, y es llevado a cabo con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED).
