COLUMNA PUBLICADA EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA
Golpe a la ciudadanía democrática (*) |
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El golpe de estado materializado por sectores retardatarios de la República de Honduras y legitimado por dos poderes del estado hondureño, es una muestra más de la crisis de representación que padecen los regímenes políticos de nuestra región, la cual se busca resolver por la vía de la violencia institucional en vez de hacerlo por vías democráticas.
El golpe de estado materializado por sectores retardatarios de la República de Honduras y legitimado por dos poderes del estado hondureño, es una muestra más de la crisis de representación que padecen los regímenes políticos de nuestra región, la cual se busca resolver por la vía de la violencia institucional en vez de hacerlo por vías democráticas. |
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Además de manifestar nuestra enérgica desaprobación hacia estos atentados contra la democracia, desde nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, también debemos reflexionar sobre los procesos que nos llevan a estas situaciones y ponen severamente en peligro la vigencia de nuestras instituciones.
El hecho de que el Poder Legislativo y el Poder Judicial del país centroamericano hayan sido los protagonistas del golpe, el primero, aceptando una renuncia apócrifa y tomando juramento al nuevo presidente de facto, el segundo, ordenando al Ejército hondureño a intervenir en un plan político anticonstitucional; hiere gravemente al principio de equilibrio de poderes, estableciendo una lógica discrecional en el funcionamiento de las instituciones. Es decir, las instituciones se pueden usar como se quiera para satisfacer los intereses que un grupo o sector defiende.
El hecho es más grave cuando el motivo inmediato que lleva a las fuerzas retardatarias a dar el golpe, es la intención del presidente legítimo de dicho país de llevar adelante una consulta popular para poner a consideración el llamado o no a un referéndum con miras a una reforma constitucional, un mecanismo previsto en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Honduras. En otras palabras, las instituciones se instrumentaron para impedir la utilización de un mecanismo esencialmente democrático.
En este sentido, en nombre de la representación y de las atribuciones de los poderes del Estado, se ejerce la violencia institucional para resolver cuestiones de interés general, en las que los ciudadanos y ciudadanas deberían tener voz y poder de decisión real. De esta manera se profundiza el alejamiento de las instituciones democráticas del interés general de la ciudadanía, y por lo tanto a mediano plazo, se destruyen las bases de la democracia representativa, que la Carta Democrática Interamericana, aprobada en septiembre del 2001, afirma como superación de la época de las dictaduras.
Las naciones del mundo, a través de sus gobiernos y de distintos organismos supraestatales, han reaccionado en forma coherente ante este hecho, de aquí en más lo que queda es que mantengan esta posición y generen las condiciones necesarias para que el régimen democrático sea restablecido cuanto antes por la vía pacífica en Honduras.
En lo que hace al proceso nacional, la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general, tienen un rol fundamental en la custodia de las instituciones y la crítica permanente para su mejoramiento. Hoy más que nunca, la firmeza en la defensa de las instituciones democráticas es un deber cívico que debe ser cumplido cotidianamente para evitar que procesos como el de Honduras se puedan repetir.
Marta Ferrara
Directora Ejecutiva
SEMILLAS para la Democracia (*)
Columna publicada el dia 30 de junio de 2009 en el diario Ultima Hora |
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