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septiembre 11, 2017

Democracia Reka

Paraguay es el país más desigual de América Latina en el ejercicio de la ciudadanía política; es decir poder elegir y ser elegido (PNUD 2014). Esta situación, también advertida por los informes de Observación internacional en las elecciones generales del 2013 y en las elecciones municipales del 2015, puede resumirse en tres factores que estructuran la problemática. En primer término existen actores ciudadanos con altos niveles de exclusión de la participación y representación como las mujeres y jóvenes; en mayor medida si provienen del sector rural. En segundo lugar se encuentran, las comunidades pobres de campesinos e indígenas,  que tienen una alta precariedad en términos de educación cívica y se encuentran expuestos a la coacción electoral y la mercantilización del voto. Y en tercer lugar, un sistema electoral con importantes debilidades y con necesidades de apoyo ciudadano y político para impulsar una reforma.  En función a estos factores y buscando dar continuidad a las recomendaciones internacionales (MOE/UE 2013) los proponentes, que cuentan con una larga experiencia en temas relacionados con la participación ciudadana y la reforma electoral, se plantean generar acciones de alto impacto, tanto a nivel rural como urbano, para promover los cambios legislativos y de cultura política a fin de mejorar la sub-representación política de la mujer, incluir a los grupos sociales vulnerables en una participación política democrática y con mecanismos de control y promover apoyo de la sociedad civil paraguaya a la Reforma Electoral.

Como objetivo principal buscamos contribuir a reducir la desigualdad en el ejercicio de la ciudadanía política mejorando la participación activa de mujeres, principalmente del sector rural, y la mejora en la participación de las comunidades rurales e indígenas, así como de los jóvenes y el impulso a la reforma electoral.

La propuesta se encuentra ordenada en función a las posibilidades técnicas y legales de los tiempos electorales previstos y en cada una de ellas se encuentran repercusiones, realizaciones y actividades específicas. a) Etapa Preelectoral: se realizarán las acciones vinculadas a la capacitación y empoderamiento de las mujeres políticas del sector rural, al trabajo comunitario y fortalecimiento de las comunidades rurales e indígenas para mejorar sus capacidades de participación política y control electoral. Se realizarán las capacitaciones sobre educación cívica y gobierno escolar con las comunidades educativas y los colegios. También serán desarrollados participativamente los materiales para las campañas cívicas. Igualmente se desarrollaran las primeras acciones de incidencia y los trabajos con el TSJE para planificar el voto de las comunidades indígenas y desarrollar los mecanismos de control y seguimiento adecuado. b) Etapa Electoral: se realizarán las acciones de incidencia: en el caso de las mujeres tanto en la integración de las listas electorales como en la socialización de las Agenda de Desarrollo Social, igualmente en el caso de los jóvenes y las comunidades rurales. Se desarrollaran los debates con los candidatos a cargos departamentales y nacionales. Se fortalecerá la pluralidad informativa mediante el trabajo en materia de educación cívica con las radios comunitarias y los medios masivos de comunicación, con un énfasis en las redes sociales. c) Pos electoral: se realizaran jornadas a nivel nacional de evaluación de las elecciones generales, danto prioridad a la experiencia de los grupos vulnerables y las comunidades indígenas. Asimismo serán presentadas las investigaciones realizadas durante el proyecto.

Mediante este proyecto se tiene previsto abordar la mejora del conocimiento de los jóvenes del ciclo electoral mediante la realización de las capacitaciones en las instituciones educativas dentro de las comunidades rurales e indígenas de incidencia del proyecto. La mejora del acceso a la información mediante la organización de eventos y diálogos participativos fortaleciendo el gobierno escolar desde los centros de estudiantes ya conformados en las comunidades educativas identificadas en las zonas de San Pedro, Concepción, Canindeyú y Caaguazú.

El proyecto se lleva a cabo desde junio de 2017 a diciembre de 2018 y es posible gracias al apoyo de la Unión Europea.

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