Legislación Membresias y Redes

junio 28, 2013

El GIAI convocó a un nuevo debate sobre una ley de acceso a la información de carácter público

Page_1La convocatoria, organizada conjuntamente con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, también sirvió para que el Foro de Periodistas del Paraguay (FOPEP), a  través de la representación del periodista Andrés Colman,  expusiera su posición respecto a la propuesta del GIAI:  que nuestro país cuente con una Ley de Acceso a la Información Pública. Propósito que se viene intentando desde el año 2004, por iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Semillas para la Democracia, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD),  el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

En Chile evita la corrupción

Vial expuso varias razones para que más de 100 países cuenten con una ley que obligue a las reparticiones públicas a difundir información referida a su gestión y responder a específicas demandas ciudadanas. Entre las razones citó cuatro fundamentales:  la reforma del Estado, un Estado que se precie de renovado no puede ocultar o dejar de informar cómo administra la cosa pública; el diálogo fluido y directo entre administradores del Estado y la sociedad, puesto que una ciudadanía informada podrá interactuar con mayor fluidez y esto ayuda a evitar errores; la planificación de política públicas, puesto que el tráfico de información facilita la construcción de planes y proyectos del Estado; finalmente, el acceso a la información pública es un derecho humano y constitucional (en nuestro país está amparado por los Artículos 28 y 40), y es una condición para el ejercicio de muchos otros derechos.

Según Vial, en Chile, la lógica principal de esta normativa es ayudar a evitar la corrupción.  En ese país, luego de un largo e imbricado proceso,  la Ley comenzó a operar en el año 2009 con un Consejo de Transparencia. Hasta el momento recibió  50.000 peticiones de información y un 80% de ellas tuvo respuestas. Donde hay mayor dificultad de comprensión y de respuestas es en las municipalidades.  El experto hizo hincapié en el ordenamiento de la información de las oficinas públicas, requisito fundamental para el cumplimiento eficiente de esta ley. Para ello Chile cuenta con una legislación de archivo.

En Brasil la prensa la utiliza diariamente

Valim informó que esta normativa tuvo su inicio en la Constitución del año 1978, cuando nació una previsión innegable de acceso a la información pública. La Ley entró en vigencia en el año 2011, luego de un prolongado debate entre actores gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil. En ese país el proceso tuvo un abierto apoyo de los medios de comunicación, puesto que es una parte interesada en acceder a información de interés público. Comentó Valim, como anécdota, que en estos días de tanta movilización ciudadana, la presidente Rousseff debe salir con frecuencia ante cámaras para dar respuestas  y que para ello incurre en mayores gastos de peluquería y que ése es un motivo de cuestionamiento de la prensa respecto a los gastos públicos.

En Brasil todos los entes públicos, autárquicos y autónomos, incluso los que reciben subsidios del Estado, como los Partidos políticos, deben ofrecer información públilca de sus gastos.

Refirió asimismo al ordenamiento de la información como requisito fundamental para la efectividad de la normativa, puesto que según él, el exceso de información es más peligroso que el ocultamiento. Por ello, resaltó, la información debe estar clasificada, puesto que cuando está desorganizada, genera confusión.

En los tres primeros meses de vigencia de la ley, hubo 25.000 pedidos. En donde mayor dificultad existe para obtener respuesta satisfactorias es en las municipalidades, al igual que en Chile.

La posición del FOPEP

El Foro de Periodistas del Paraguay, comentó Andrés Colmán, logró un consenso de apoyo pleno al proyecto de ley, puesto que para el grupo sería  un avance significativo en términos jurídicos y cívicos. Recordó la normativa anterior (estuvo en vigencia durante tres meses), que tuvo como uno de los principales opositores a un sector de la prensa,  lo que influyó para que ese proceso no siguiera.  La llamaron Ley Mordaza y según Colmán eso contribuyó al tratamiento que le dieron los parlamentarios, quienes la modificaron tantas veces que terminaron convirtiéndola en una ley Frankestein.  Al final prefirieron retirarla y esperar un mejor momento.

El periodista manifestó recelo respecto a cómo se está procesando el anteproyecto debido a que lo ocurrido con la anterior Ley fue porque no se le dio un tratamiento previo de socialización. Refirió al temor de sus colegas periodistas y de empresarios de la prensa con respecto al cercenamiento de la libertad de expresión. Por la historia nuestra y por el comportamiento de nuestra clase política, dijo.

Todavía está a nivel de ONG y de un grupo pequeño, afirmó. El desafío es involucrar más a la sociedad y a los medios de comunicación, periodistas y sectores conectados a la información. Afirmó que el FOPEP tiene claro que es una ley para la ciudadanía y va a ser instrumento útil para periodistas que hacen investigación.

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